Establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas dentro del Espectro Autista en el ámbito social, de la salud y la educación. El Estado ha de generar las condiciones necesarias para asegurar a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos autistas una educación inclusiva de calidad, equiparando sus oportunidades de acceso, participación, permanencia y progreso en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional, tanto en establecimientos de carácter público como privado.